Transparencia Internacional, fundada el 4 de mayo de 1993 y con cede en Berlín, Alemania, ha sido referente mundial para el liderazgo de la lucha contra la corrupción, pues no solo exhibe los índices de percepción que la gente tiene respecto de su gobierno, sino que extiende sus alianzas con el objetivo de provocar un cambio para convertir al mundo en una zona libre de este mal que tiene efectos devastadores.

Esta organización no gubernamental, publica desde 1995 el índice de percepción de corrupción (IPC), que clasifica a los países a partir de la visión que tienen sus pobladores del sector público; a través de encuestas de opinión y evaluación de expertos, Transparencia Internacional define la corrupción como el uso indebido del poder público para beneficio privado.

El último IPC, que abarca de mayo de 2019 a mayo de 2020, mide la situación de 180 países y aunque México escaló algunos lugares, permanece entre las naciones con un marcado nivel de percepción de corrupción. Publicado en enero de este año, el reporte de medición de Transparencia Internacional destaca en la lista de los menos corruptos a Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Singapur y Suiza.

Recordemos que la escala es de 0 (muy corrupto) a 10 (muy limpio). En base a ello, Somalia, desde 2012, es percibido como el país más corrupto del mundo, pues su calificación va de 10 a 8; le sigue Sudán del Sur, Siria, Yemen, Afganistán, Venezuela, Iraq y Angola.

Aunque México recuperó algunos lugares, permanece entre los países con alta percepción de corrupción, en el número 138, al lado de Rusia, Guinea e Irán y tan solo por encima de Guatemala.

Algunas fuentes indican que la medición de Transparencia Internacional adolece de fallas, pues no lo consideran un verdadero análisis de la corrupción; sin embargo, la mayoría señala que los datos del IPC son consistentes.

Es evidente que los países con alta percepción en sus niveles de corrupción desestiman los resultados del IPC, pero otros han iniciado medidas correctivas, como Perú, que incluso emprendió acciones importantes, como la implementación de la norma ISO 37001, un estándar internacional, que permite a las organizaciones asumir medidas para la prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno.

ISO 37001: previene, detecta y aborda el soborno

Esta nueva norma internacional, que fue diseñada como apoyo para que las empresas implementen un sistema de gestión acreditado, posee poderosas medidas y controles que en una organización se asumen como las buenas prácticas globales de gestión antisoborno.

Pero no se trata solo de blindar a las instituciones públicas, sino que le permite a las organizaciones privadas un sistema de gestión para evitar, primero, caer en la tentación de formar parte de una red de corrupción, sino eliminar ser víctima de prácticas ilegales.

La norma ISO 37001 fue adoptada por las entidades gubernamentales de Perú y Singapur para sus sistemas de gestión contra el soborno, y formó la base para el “Estándar de Shenzhen”, un estándar oficial contra el soborno publicado por la ciudad de Shenzhen, China, hace cuatro años, en junio de 2017.

Se trata, en términos muy concretos, de que sirva a las organizaciones para establecer procesos y desarrollar procedimientos anticorrupción, pues al adoptar e implementar la norma, garantizan que proveedores y entes subcontratados, así como empleados públicos, directivos y funcionarios, asuman las buenas prácticas anticorrupción, pero todos juntos.

Publicada en 2016, la norma internacional ISO 37001 está diseñada para ayudar a las organizaciones a implantar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno en toda la organización y sus actividades comerciales.

Blindaje parejo: lo público y lo privado

A lo largo de la historia moderna, el soborno ha sido uno de los padecimientos que más vulnera a una sociedad, porque plantea el enriquecimiento ilegal de unos cuantos, a costa del sacrificio de miles o millones de personas.

La corrupción etiqueta a un período gubernamental, pero deja en el imaginario colectivo que todas las instituciones y todos los funcionarios son parte de esa mancha; un buen gobierno se ha de empañar, definitivamente, con la acción más insignificante, si no se prepara con un sistema de gestión que incluya a todos sus proveedores.

El efecto de la corrupción frena la competencia, pero además distorsiona y obstaculiza el desarrollo de un pueblo, porque agrede los derechos humanos y siempre será el principal obstáculo para eliminar la pobreza. En la parte de la empresa privada, indudablemente la corrupción aumentará el costo para hacer negocios y eso, sin duda, será siempre una incertidumbre en las transacciones comerciales.

El solo hecho de ser parte de una red de corrupción, va a aumentar el costo de los bienes y servicios porque disminuye su calidad y los encarece a tal grado de poner en riesgo el producto, sea cual fuere, además de la evidente desconfianza en empresas públicas y privadas por parte del ciudadano-cliente.

Aunque los gobiernos de muchos países han creado leyes de carácter administrativo y penal para castigar el soborno, no será suficiente si no se establece un sistema de gestión de calidad que inhiba las prácticas inmorales e ilegales.

Estos tratamientos que han realizado los gobiernos para combatir el soborno, se ven reflejados, por ejemplo, en la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a través de sus leyes. En casi todos los casos, se establecieron sanciones y penas punitivas para quienes promueven el soborno, pero la ley por sí sola no podría resolver el problema si no se atiende de origen en sus procedimientos.

Este es el sistema de gestión antisoborno, justo eso: hacer que las empresas, públicas y privadas, contribuyan en una sola comunidad para lograr la transparencia, honestidad y cumplimiento de una norma que proteja, finalmente, al usuario, al ciudadano, al cliente, pero también a los responsables de la gestión de recursos.

La organización que está bien gestionada, tendrá una política de cumplimiento que se apoye en sistemas de gestión adecuados que le ayuden a cumplir sus obligaciones legales y sus compromisos con la integridad.

La política antisoborno es un componente básico de una política global de cumplimiento. La política antisoborno y el sistema de gestión de apoyo ayudan a la organización a evitar o mitigar los costos, riesgos y daños de involucrarse en el soborno, a promover la confianza y la seguridad en las transacciones comerciales y a mejorar su reputación.

La norma ISO 37001 es aplicable a las organizaciones pequeñas, medianas y grandes en todos los sectores, público, privado y también para organismos no gubernamentales.

Es pertinente aclarar que la Norma no elimina por completo el riesgo de que ocurra un soborno, pero sí ayuda a la organización a implementar medidas para prevenirlo y detectarlo a tiempo.

Autor: José Luis García